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Los precios de la energía, la química y el cuento del lobo

Jordi Margalef – Secretario de Comunicación del Sindicato de Trabajadores (STR)

Hace ya bastantes años que las empresas químicas que operan en España alertan de que los precios de la energía que debe asumir un sector intensivo en este ámbito no son competitivos. Que no les permiten generar los beneficios que plantas de esas mismas empresas consiguen en otras zonas del mundo, como Oriente Próximo o Estados Unidos.

Algo que, en un escenario global, dispara el riesgo de perder oportunidades de inversión o, incluso, de deslocalizar la producción hacia esas zonas, aunque este sector, afortunadamente, no es fácil de trasladar de un país a otro de un día para otro. Pero tampoco es imposible, conviene no olvidarlo.

No es extraño que los directivos de estas empresas expliquen off the record que una determinada apuesta del grupo que representan tenía números para venir a sus instalaciones en España, pero que no ha sido posible porque han perdido la batalla frente a sus compañeros de empresa que gestionan plantas en aquellas zonas donde producir es más barato debido al precio de la factura eléctrica.

Aunque nuestras zonas químicas tienen fortalezas en cuestiones como el conocimiento, el nivel de especialización de sus trabajadores y empresas auxiliares o las interconexiones con otras empresas del sector. A la hora de decidir adónde va una inversión en el tablero global, los números son muy fríos.

Ahora bien, conviene poner el foco en una realidad a menudo omitida: el coste de la electricidad industrial en España, pese a ser históricamente alto, ha mejorado en términos relativos dentro del contexto europeo, gracias a la inversión en energías renovables y al conocido como “mecanismo ibérico”, que ha permitido contener los precios.

En comparación con países como Alemania o Italia, fuertemente dependientes del gas ruso, España y Portugal se han posicionado como espacios energéticamente más competitivos, algo que ha empezado a atraer nuevas inversiones industriales. Y este es un activo que debemos preservar y reforzar.

Algunos sectores de la opinión pública y del entorno político podrían pensar que el sector químico se queja por vicio, porque persigue un trato favorable que le permita maximizar beneficios. Pero cualquiera que entienda un poco cómo funciona este sector —y, en general, toda la economía— sabe que no es así, que las desventajas competitivas en España y en Europa son reales. Y que hay que hacer algo si queremos llevar a la realidad el gran potencial industrial innegable que tiene, por ejemplo, el área de Tarragona.

Según el Financial Times, algunas empresas del sector se están replanteando su presencia en Europa por los altos costes energéticos, cuatro veces superiores a los de Estados Unidos. Este proceso no es inevitable ni natural: es el resultado directo de una política energética miope y de una regulación que ahoga a los sectores estratégicos sin ofrecer alternativas reales. La industria química es un motor económico y una fuente de empleo de calidad; vale la pena protegerla.

Desde el Sindicat de Treballadors exigimos un pacto europeo por la industria que incluya una tarifa energética específica para los sectores electrointensivos, inversión en infraestructuras y reducción de cargas fiscales innecesarias, sin poner en riesgo el equilibrio social ni la sostenibilidad de nuestros servicios públicos.

Esta mejora en competitividad energética no puede lograrse a costa de desmantelar nuestro modelo social. En muchos países donde la energía resulta más barata, también lo son los derechos laborales y las garantías sociales. No podemos permitir que se imponga este modelo de competencia a la baja. Precisamente en tiempos de incertidumbre y transformación es cuando más debemos reforzar la cohesión social y blindar unos servicios públicos que actúan como red de seguridad y motor de igualdad.

Hace unos meses, el Informe Draghi ponía de relieve que la economía europea se enfrentaba a una serie de retos mayúsculos, y que, para tener éxito frente a la competencia que representan Estados Unidos y las potencias asiáticas, era necesario inyectar dinero público para compensar, entre otros déficits, el desigual coste energético.

No se trata de ayudar a las empresas a optimizar beneficios, sino de ayudarlas a seguir siendo competitivas, generando empleo y prosperidad, manteniendo el modelo europeo de Estado del bienestar, que también está amenazado en este contexto.

O recuperamos soberanía industrial desde el interés general, o seguiremos viendo cómo se esfuman el trabajo, el conocimiento y la cohesión territorial que solo la industria real garantiza. Hagámoslo antes de que sea demasiado tarde y la industria química acabe protagonizando una trágica versión del cuento del lobo.